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Columna de César Pérez-Novoa, Jefe Equity Research sobre al paquete de medidas acordado con las empresas prestadoras de servicios básicos.

El presidente Piñera anunció un nuevo paquete de medidas acordado con las empresas prestadoras de servicios básicos. Estas medidas permiten que el 40% de los hogares más vulnerables acceda a postergar el pago de los servicios de agua potable, electricidad y telecomunicaciones. Lo anterior, sin riesgos de corte o interrupción del servicio, aliviando así la carga financiera a unas tres millones de familias a causa del Covid-19.

Esto se suma al paquete de rescate por US$ 11.700 millones (aproximadamente 4,7% del PIB) anunciado hace doce días en respuesta a un cierre gradual de la actividad del país para contener el virus, y un “bono Covid-19” de $50.000 (unos US$ 60 por cada carga, para las familias más pobres).

En el caso de la distribución de energía se ha acordado un marco de flexibilidad mientras el Estado de Catástrofe Nacional de Chile permanezca vigente. En tal sentido, ningún servicio será cortado por falta de pago. Una vez finalizada la emergencia, los saldos impagos se sumarán a las próximas facturas en 12 cuotas mensuales, sin multas ni intereses. Asimismo, los clientes que debían menos de UF 10 (unos US$ 342) antes de la emergencia también podrán distribuir los pagos en doce meses. Esto beneficiará a aproximadamente tres millones de familias y a cerca de siete millones de personas, pertenecientes al 40% de los hogares más vulnerables, incluidos aquellos de la tercera edad y a personas que han perdido su trabajo.

En Telecomunicaciones se incorporó un “plan de conectividad solidaria”, en el que por un periodo de 60 días los clientes del 40% de los hogares más vulnerables tendrán acceso a internet, redes sociales, correo electrónico y a sitios de información oficial relacionados a la emergencia, completamente gratis. En tanto, aquellas personas que declaren que no pueden pagar el servicio podrán pedirle a su proveedor que suspenda su plan actual, y se los sumará este otro de manera gratuita.

Por su parte, en el sector sanitario, para consumos de hasta 10 m3 de agua al mes, los clientes mayores de 60 años, aquellos pertenecientes al 40% más vulnerable y desempleados, podrán postergar el pago de la cuenta de agua potable y de alcantarillado durante toda la emergencia, y saldarlo posteriormente durante doce meses, sin intereses, beneficiando a 1,5 millones de familias. Además, parte del pago mensual del agua y alcantarillado continuará siendo subsidiado, hasta por un consumo de 15m3 por mes. Finalmente, para los programas estatales “Chile Solidario” y “Chile Seguridades y Oportunidades” el subsidio cubrirá el 100% del costo del consumo de los primeros 15 m3.

Como se desprende de lo anterior, las empresas de servicios básicos o “utilities” están asumiendo la mayor parte del costo de este apoyo, llevando las cuentas por cobrar de los clientes a niveles sin precedentes mientras dura una emergencia. Si bien el anuncio no contempla ninguna medida que apunte a que las empresas realicen desembolsos adicionales o apoyos de costos excesivos, lo que ocurrirá al final es que se les restringirán las utilidades y el capital de trabajo a corto plazo. Notamos un gran esfuerzo del mundo corporativo para apoyar a millones de familias confinadas en sus hogares, en una economía en crisis. Ciertamente, un movimiento en la dirección correcta, donde se escucha las demandas sociales. ¿Un ejemplo para otros países?

César Pérez-Novoa, Jefe Equity Research BTG Pactual Chile