Infraestructura: impulso reactivador

La infraestructura se consolidó como un eje reactivador en Chile en un contexto de caída histórica del PIB por la pandemia, con un énfasis explícito en empleo, continuidad de obras y aceleración de licitaciones. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) proyectó un salto en el ritmo de ejecución: en obras financiadas directamente por el Estado, el desafío se concentró en iniciar “tres veces más” obras nuevas que el año anterior, apoyado en un aumento significativo de presupuesto y en la capacidad operativa del ministerio como “brazo inversor” del Estado. El objetivo declarado no fue reemplazar el funcionamiento normal de la economía, sino aportar un impulso inicial, entendiendo que la inversión privada y la actividad habitual son las que deben retomar el protagonismo una vez que se despejan restricciones que afectan la movilidad.

En concesiones, el foco estuvo en ampliar de forma sustantiva el volumen anual de licitaciones, pasando desde promedios de US$800–900 millones a un plan de alrededor de US$3.000 millones por año, con un año marcado por el rezago de la pandemia y una proyección de superar los US$4.000 millones al incorporar licitaciones atrasadas. Se destacó el peso histórico del sistema de concesiones en Chile —tres décadas— y su aporte a la infraestructura del país en autopistas, aeropuertos y embalses, al permitir inversión privada de largo plazo mientras el Estado dirige recursos a áreas como ciudades, caminos secundarios y agua potable rural.

La lógica de reactivación se vinculó directamente al empleo. Se reconoció una destrucción significativa de puestos de trabajo y una recuperación parcial, con un avance relevante en construcción. La inversión pública se describió como un mecanismo multiplicador para sectores asociados —transporte, alojamiento, materiales— y como un motor para acelerar la normalización, sin presentarla como sustituto permanente del sector privado. La comparación con crisis anteriores enfatizó que, aunque la caída fue más profunda, la velocidad de recuperación también fue mayor, precisamente por la naturaleza de las restricciones y por la ausencia de una crisis financiera estructural.

El tema hídrico ocupó un espacio central, con un diagnóstico basado en una caída sostenida de la pluviometría en la zona central (centro norte y centro sur) durante décadas y en la última década como la más seca registrada, con el año 2019 como referencia crítica. Se subrayó que la zona afectada concentra cerca del 80% de la población y de la actividad económica, y que el cambio climático apunta a continuidad de menos lluvias y mayor temperatura, lo que implica menos nieve en la cordillera y menor capacidad de “almacenamiento” natural. Se distinguió entre medidas de emergencia y medidas estructurales: adaptación cultural, planificación, nuevas fuentes, almacenamiento, eficiencia de uso, protección de acuíferos, mejor información y resguardo de ecosistemas que sostienen calidad y cantidad de agua.

En institucionalidad, se diagnosticó una dispersión significativa del rol del Estado en agua, con decenas de entidades involucradas y baja coordinación, apoyándose en conclusiones atribuidas a estudios internacionales. Se explicó la creación de una estructura con subsecretaría, instancias de coordinación política y técnica y un consejo nacional, con el propósito de aumentar efectividad en una materia transversal. En obras, se afirmó que la respuesta debe ser “por cuenca” por la diversidad geográfica y climática del país. La desalación se situó como alternativa dominante para el norte —minería y ciudades costeras—, considerando sus costos y el desafío de transportar agua desde la costa a la cordillera. Para la zona centro-norte y centro (incluyendo Valparaíso y Santiago), se mencionaron combinaciones de fuentes subterráneas, obras específicas y el reuso de aguas servidas tratadas, junto con exigencias de planificación quinquenal para asegurar seguridad hídrica urbana a través de concesionarias sanitarias y fiscalización sectorial. Para lo rural, se enfatizó el aumento de inversión estatal y la existencia de una deuda social, con la intención de sostener un nivel elevado de financiamiento en el tiempo.

En visión de largo plazo, se describió un plan de inversión de movilidad interurbana a 30 años del orden de US$50.000 millones, centrado en autopistas interurbanas, puertos, aeropuertos y red ferroviaria, no en agua. En carreteras, se planteó que, más allá de sumar carriles, cobra relevancia desarrollar rutas alternativas —una cordillerana y una costera— y mejorar conexiones transversales hacia puertos y ciudades. Para descongestión urbana asociada a flujos externos, se propuso la construcción de orbitales (circunvalaciones), con ejemplos para Santiago y para conurbaciones como Valparaíso–Viña y Concepción–Talcahuano, incluyendo licitaciones por tramos.

En aeropuertos, se expuso una trayectoria de expansión por etapas: un aumento de capacidad relevante con terminales ampliados y, a futuro, la necesidad de un segundo gran aeropuerto en la zona central, dado el límite operacional de pistas en el emplazamiento actual. En trenes, se distinguió el potencial de los servicios de acercamiento (conexiones metropolitanas) y, en carga, el rol de enlaces puerto–ciudad, con especial atención al crecimiento asociado a un puerto de gran escala. También se mencionó el análisis de alternativas para un tren entre Santiago y Valparaíso a partir de iniciativas privadas.

La atracción de inversión extranjera en concesiones se atribuyó menos a promoción puntual y más a resultados acumulados: experiencia de décadas, proyectos ejecutados en ciclos completos y mecanismos de resolución de controversias que generan confianza. En ajustes regulatorios, se observó que el entorno actual eleva la incertidumbre —tráfico, pandemia, cambios internos— y que esto llevó a privilegiar modelos con menor riesgo de demanda para concesionarios, como plazos variables, lo que habría aumentado el número de postores. La idea de fondo fue pragmática: asegurar continuidad de inversión con estructuras que respondan a un escenario donde proyectar demanda es más difícil.