El gran desafío fiscal

Chile solía destacar por su disciplina fiscal. Entre 1990 y 2013, el pais mantuvo el gasto público contenido en torno al 20% del PIB, mientras los ingresos promediaban 21,5%. Esta prudencia permitió reducir la deuda desde cerca del 40% del Producto a inicios de los ’90 hasta apenas 13% en 2013, llegando incluso a 3,9% en 2007.

Pero desde 2014, el panorama cambió. El gasto público aumentó sostenidamente, alcanzando un promedio de 25% del PIB en 2023-24. Este incremento de 5 puntos del PIB se concentró en áreas sensibles para la población: salud (2,6%) y educación (1,6%). En teoría, el gasto sería financiado por mayores ingresos fiscales derivados de las sucesivas reformas tributarias que hemos visto desde 2014. En la práctica, los ingresos apenas promediaron 22,4% del PIB en el mismo periodo.

Como resultado, Chile ha mantenido déficits fiscales superiores al 1,5% del PIB desde 2014, salvo en 2022 cuando el litio nos dio un respiro. No es de extrañarse entonces que la deuda pública actualmente ronde el 42% del PIB. Esta deuda es costosa y es el tercer elemento que explica el aumento de gasto en el período llevándose 0,5% extra del PIB.

Esto revela un escenario muy difícil de resolver. El aumento de gasto en la última década se ha concentrado en mayores beneficios y prestaciones para la población que no están financiados. Tenemos un problema estructural de déficit que no es sostenible en el tiempo. El momento de corregirlo es ahora, mientras la deuda aún se mantiene bajo el umbral prudente del 45% del PIB, lo que permite un ajuste ordenado. A esta altura, es evidente que no debiésemos confiar en que una nueva reforma tributaria -esta vez sí que sí- solucione el problema, por lo que necesariamente implica hacer recortes de gasto.

Esta tarea la tendrá que realizar quien llegue al gobierno el próximo año y no es sencilla. Hasta ahora, los distintos candidatos han concentrado sus propuestas de recorte fiscal en aumentar la eficiencia del gobierno. Nadie podría estar en desacuerdo con eso. Pero hacerlo es difícil, tanto porque la resistencia política es muy grande como porque las ganancias no siempre son evidentes. El reciente fracaso del programa DOGE en EEUU es una muestra de ello. Otra alternativa, la más fácil, es recortar la inversión pública, pero esto tiene un impacto relevante en el crecimiento por lo que es pan para hoy pero hambre para mañana. Entonces, parte de la solución requerirá reducir, o al menos congelar, partidas de gasto socialmente sensibles que actualmente están desfinanciadas.

Será labor del gobierno decidir qué partidas de gasto ajustar, pero parece ineludible que quien gobierne deberá estar dispuesto a invertir parte de su capital político si desea que el ajuste sea creíble. La tarea es difícil, especialmente en tiempos en que nadie quiere dar malas noticias ni hacerse cargo de medidas necesarias pero impopulares. ¿Estarán los candidatos a la altura del desafío?